Nuevamente se presenta en Latinoamérica un escándalo por cambio de
gobierno en Paraguay. El congreso de ese país en forma mayoritaria y después de
un juicio político destituyó al Presidente Fernando Lugo y lo reemplazo por el
vicepresidente constitucional el medico Federico Franco. Aparentemente todo el
proceso se hizo respetando la constitución del país y siguiendo las normas
establecidas para juzgar al presidente en ejercicio.
Sin embargo los países vecinos y otros latinoamericanos reunido en la
organización Unasur decidió no respaldar el cambio de Presidente y denunciar el
hecho como un “golpe de estado”. Hay que recordar que el Presidente Lugo
proviene de los sectores de izquierda de su país y gozaba de un gran respaldo
de los países del Alba y del gobierno también de izquierda del Brasil. No hay
la menor duda que la rápida reacción de Unasur esta marcada por la evidente
tendencia izquierdista de ese organismo dirigido ahora por un venezolano
comprometido con el régimen de Hugo Chávez.
Se hubiera esperado que Colombia no se comprometiera tan rápidamente en
la condena al cambio de gobierno en Paraguay. Al fin y al cabo es un proceso
político interno soberano que fue incruento sin participación del ejercito y
avalado mayoritariamente por el congreso. Calificar este evento de golpe de
estado es interferir los asuntos internos de Paraguay y es afectar su
soberanía.
De otro lado y en forma simultanea en Colombia se aprobaba por el
Congreso de la Republica y después de ocho debates, en dos periodos de sesiones
o sea de un año de deliberaciones, la reforma a la justicia. Se trato de una
reforma constitucional y no de una simple ley estatutaria. Reforma que fue muy
controvertida y ampliamente discutida, donde el gobierno del Presidente Santos
jugo un papel fundamental en su elaboración y negociación, del principio al
fin. El texto definitivo aprobado por amplia mayoría por las plenarias del
Senado y de la Cámara al final de las sesiones ordinarias debería haberse
publicado oficialmente y ser ahora ley de la republica y parte de su
constitución.
Pero el gobierno a ultima hora decidió quitarle su aval, no publicarlo,
llamar a sesiones extras del congreso y buscar la forma de hundirlo, así sea
usando métodos no establecidos en la constitución. Para los analistas ha sido
difícil de entender el cambio de posición del gobierno y su fuerte oposición a
la reforma, hasta el punto de llamarla espúrea y de paso sacrificando al
Ministro de Justicia, gran jurista Dr. Esguerra.
¿Que hizo cambiar tan radicalmente al Presidente Santos?
No fue la conciliación, aunque es la disculpa, pues esta además de haber
sido aprobada por los ministros de Justicia y del Interior y por las plenarias
del Congreso, contiene los mismos textos previamente aprobados por las dos
cámaras.
Hay mucha especulación al respecto. La mas difundía es el gran temor del
Presidente a una amplia reacción ciudadana en contra de la reforma como se
sugiere en las redes sociales y en muchos círculos académicos y la decisión
de lideres políticos y grupos de ciudadanos de buscar firmas con el propósito
de llamar a un referendo e inclusive a una constituyente para atajar esta
reforma y establecer mecanismos constitucionales fuera del congreso, para
configurar otra norma que responda al clamor de los ciudadanos de reformar una
justicia que hace agua por todos los costados.
El Presidente Santos va a cumplir dos años ahora en Agosto. El año
entrante es importante políticamente para definir su reelección. Opción que
quedaría opacada y disminuida si hay en los próximos meses una consulta popular
de cualquier índole que desenmascare todo este proceso un poco turbio por decir
lo menos. Aparentemente su decisión es impedir por cualquier medio cualquier
tipo de consulta ciudadana.
Muchos analistas políticos sostienen que el Presidente al llamar a
extras al congreso para hundir la
reforma a la justicia esta desconociendo la autoridad del congreso para
reformar la constitución, lo que en el fondo equivale a un “golpe de estado” al
Congreso de la Republica y por lo tanto al orden institucional del país. Esta
desconociendo la autonomía de la rama
legislativa del poder publico. Esta
cambiando las reglas de juego establecidas en la constitución.
¿Se podría decir entonces que la reacción del “mejor amigo” Hugo Chávez
y de sus socios, debería ser solicitarle a la Unasur una condena al Presidente
Santos por el “golpe de estado al congreso” y un aislamiento internacional a
Colombia por este motivo?
Esta comparación es lo suficientemente clara para demostrar que los
organismos internacionales y los países vecinos no deben inmiscuirse en los
procesos políticos internos, propios de cualquier sociedad. Solo deben
intervenir en casos extremos donde los derechos civiles estén gravemente
amenazados y haya una violencia de estado contra los ciudadanos y las
instituciones.
Jorge H Pineda
Medellín, Junio 26 del 2012
