La pasada semana a raíz del fallo de otorgarle la casa por cárcel al Cebollero por un Juez de Medellín aduciendo problemas de salud, el Presidente Santos y su Ministro de Justicia se vinieron en ristre contra el Juez y pidieron su destitución, lo que efectivamente ocurrió horas después. Tanto los medios de comunicación como la opinión, vieron con buenos ojos la intervención del Ejecutivo y su resultado. Los únicos inconformes fueron los funcionarios y jueces de la rama Judicial, especialmente en Medellín, que sintieron que el Presidente y su Ministro habían interferido su independencia y cuestionado sus fallos.
Es ampliamente conocido que en Colombia la Constitución prevé independencia de las ramas del estado, practica común en casi todos los países civilizados. Se presume que cada rama debe actuar en concordancia con lo establecido en la Constitución y se espera que, en el caso de la Justicia, esta obre apegada a las normas y leyes, juzgando con equidad y que sus actos estén libres de intereses políticos y/o personales. Este mandato constitucional muchas veces no se da y por eso se presentan los reclamos y las criticas del poder ejecutivo a algunas de sus actuaciones y así se generan las susceptibilidades y los choques entre las ramas del estado.
Esto es lo que ha ocurrido en Colombia los últimos años. Durante el segundo periodo del mandato del Presidente Uribe estas pugnas fueron dramáticas y llevaron a que la justicia se politizara. Esto es evidente, hasta el punto de que la Justicia está usando su poder contra algunos funcionarios que tuvieron responsabilidades en el pasado gobierno, con el objeto de desacreditar las realizaciones del mandato del Presidente Uribe.
El gobierno del Presidente Santos ha tratado de rebajarle temperatura a la relación y por eso vemos con frecuencia al Presidente visitando las altas cortes. Pero es claro que la Justicia viene tomando fallos en contra de los funcionarios del pasado gobierno, fallos algunos de ellos, fuertemente criticados por la opinión, por exagerados e injustos, como todos los relacionados con el programa de Agro Ingreso Seguro. Están en la cárcel funcionarios y funcionarias, de alta calidad profesional y moral que no son un peligro para la sociedad, padres de criaturas que requieren el cuidado y apoyo de sus progenitores, que deberían haber tenido la casa por cárcel mientras se les juzga; pero que una justicia vengativa y politizada no lo ha permitido.
Volviendo al Cebollero, a este si le dieron la casa por cárcel. O sea dos acciones de la justicia diametralmente opuestas. Un criminal premiado injustamente y unos jóvenes profesionales castigados injustamente. Con razón, aunque no le corresponda, el nuevo Ministro de Justicia sale a rechazar la acción del juez en favor del Cebollero, pero curiosamente, se queda callado y no cuestiona los injustos y arbitrarios fallos contra los funcionarios del Ministerio de Agricultura del pasado gobierno.
Tampoco el Ejecutivo cuestiona a la justicia que no ha puesto en libertad al Coronel Plazas, que ya lleva varios años injustificadamente en prisión. Ya el Procurador General de la Nación pidió su liberación. Así mismo personalidades a través de anuncios de prensa piden que la justicia ponga en libertad al Coronel como lo solicita el Procurador.
¿Y en todas estas el Ministro que pidió la destitución del Juez del Cebollero donde estará?
¿Será que intervenir en estos casos sonaría a solidaridad con el Uribismo?
¿Será que le teme a la critica de los medios de comunicación?
Claro que el Ministro responderá que no puede interferir en las decisiones de la Justicia,.....solo en el caso del Cebollero!
Jorge Pineda
Septiembre 14-2011
Medellín
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